Tras las acusaciones vertidas en redes sociales sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones millonarias y eventuales vínculos de parentesco al interior de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), el jefe municipal salió al paso de los cuestionamientos para entregar la postura oficial de la administración local.
La controversia cobró fuerza luego de publicaciones que advertían sobre posibles infracciones a la Ley N.º 18.883 y a la Ley N.º 19.886 —normativas que regulan las contrataciones públicas y prohíben las relaciones de dependencia jerárquica entre familiares—, sembrando dudas sobre los mecanismos de control y fiscalización interna del municipio.
Acciones administrativas e investigación en curso
Consultado directamente sobre cómo ingresaron estas contrataciones a los registros municipales y qué medidas se adoptaron al respecto, la autoridad comunal confirmó que tan pronto se tomó conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos de fiscalización interna: «Cuando yo me enteré de la situación, instruí la investigación sumaria que se encuentra en curso», declaró el alcalde, enfatizando que no existe afán de encubrir eventuales faltas a la probidad.
Asimismo, la autoridad confirmó que el proceso ya ha dejado los primeros resultados en el plano administrativo. Entre las medidas adoptadas, se concretó la desvinculación de una de las personas involucradas en el caso mientras se termina de substanciar el sumario correspondiente.
Respecto a la fiscalización de los procedimientos y el filtro de las contrataciones, el jefe edilicio remarcó que ante la alerta generada se actuó con celeridad para instruir el procedimiento disciplinario.
Con el sumario actualmente en desarrollo, la administración municipal busca determinar las responsabilidades administrativas que correspondan y se espera que una vez concluida la investigación interna se den a conocer los resultados finales y los dictámenes definitivos respecto a los involucrados.